Sánchez contra Vivas y los jueces

Otra muestra del “progresismo” de la coalición gubernamental social comunista lo da criticando a los jueces de una manera nunca vista. Basta que un juez, magistrado o un tribunal abra una investigación que afecte a sus intereses personales o políticos para que salgan los ministros en tromba. Debidamente dirigidos desde la Moncloa para que el “equipo de opinión sincronizada” desarrolle una batería de críticas contra la autoridad judicial que haya cometido tamaña osadía. En esa labor incluso se incluye al “triministro”, entre cuyas carteras se incluye la de Justicia, por lo que debería ser quien señalara unos límites infranqueables en un Estado democrático y de Derecho con separación de poderes. Dada la cantidad de procesos que rodean al entorno presidencial, ya se han hecho famosos algunos jueces cuyos nombres eran desconocidos para la opinión pública. El listón ya ha alcanzado a una magistrada de la Audiencia Nacional, que ha abierto una investigación para averiguar las eventuales responsabilidades por la invasión de Ceuta, ampliándola al Delegado del Gobierno. Efectuado tras la dimisión de su jefe de gabinete disconforme con la información transmitida sobre lo sucedido el pasado 30 de julio. El abanico de las críticas ya alcanza al propio Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional colegiado de España. Su “culpa” ha sido atreverse a suspender cautelarmente el derecho al voto de los centenares de miles de “presuntos nietos del exilio” que, al amparo de la ley de “memoria democrática”-ampliada con la interpretación personal de la fiscal Puente-, colapsan consulados y otras oficinas solicitando su nacionalización y su derecho a ejercer el voto como “españoles residentes en el exterior”. Lo cierto es que la posibilidad de un auténtico fraude electoral, recurrido ante la gran cantidad de ciudadanos -que alegan ser nietos de exiliados por motivos políticos- para obtener la nacionalidad española, ha causado gran alarma. Motivando esa suspensión cautelar del TS, exigiendo a la Junta Electoral Central que se controle rigurosamente la documentación aportada por los demandantes. La Constitución fue aprobada tras la muerte de Franco precisamente para acabar con las “dos Españas”. Ese espíritu constitucional estuvo vigente hasta que el Frente Popular derrotado en la guerra civil parece querer vengarse ahora. Primero con la ley de “Memoria histórica” del gobierno socialista en 2007, culminada con la ley de “memoria democrática” de 2022. Ayer, Sánchez contestó que sobre los menores existentes ahora en Ceuta se le pregunte a Vivas… ¿Pero no hay un “mando único“ que es el progresista Torres?