Inaudita temeridad de un Gobierno irresponsable

Tuvieron el cuajo de mantener al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el cargo hasta que se hizo pública su sentencia condenatoria y, por las trazas, pretenden hacer lo mismo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que acaba de ser imputada a petición de la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en un caso de corrupción generalizada que afecta directamente al Gobierno, y que desborda, desde el punto de vista político, no el penal, la presunción de inocencia. Más aún, cuando los propios protagonistas de la causa han admitido reuniones con el «cerebro» de las cloacas socialistas, o haber tenido conocimiento de las mismas, encuentros con los que se pretendía torpedear las actuaciones de la UCO en su lucha contra la delincuencia organizada, en este caso, vinculada al PSOE. Es de una temeridad difícil de entender la postura del Ejecutivo, no sólo incapaz de asumir la menor de sus graves responsabilidades en todo este sucio asunto, sino dispuesto a sostener su discurso frente a la avalancha de evidencias en su contra. Y hay más, y más peligroso, puesto que esa actitud meramente defensiva se combina con una campaña de acusaciones, insultos, insinuaciones e insidias que tienen como objetivo desprestigiar la acción de los jueces y magistrados que instruyen las causas de corrupción socialistas. Victimismo de libro que sería patético y risible si no fuera por la carga de profundidad contra las reglas no escritas de la democracia, pero fundamentales, que se oculta en su seno. Carga de profundidad o bomba de tiempo si un nuevo gobierno, instruido en los usos mañosos del sanchismo, decidiera actuar de igual manera, ocupando el Estado y tratando como enemigos despreciables a la otra mitad de la población. Hay que confiar en que un ejecutivo presidido por el Partido Popular no mantendría en el cargo a una directora de la Benemérita acusada por la Fiscalía de entorpecer la labor de sus propios hombres para favorecer al partido en el Gobierno, ni a un ministro del Interior, como Fernando Grande-Marlaska, que no solo mintió en sede parlamentaria, sino que arrastra tres reprobaciones del Congreso y el Senado, y tiene varias condenas firmes del Tribunal Supremo por actuaciones arbitrarias contra sus subordinados. Puede creer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es el responsable máximo y último del esperpento que contempla la sociedad española, en que la opinión pública acabará por insensibilizarse ante la corrupción masiva, donde los imputados se cuentan por decenas, y que funcionarán los reflejos sectarios de una parte de los votantes para seguir en el poder, pero no creemos que, a la larga, la ciudadanía llegue a perdonar el daño causado con su inaudita e irresponsable manera de ejercer la Presidencia, donde las únicas verdades, aunque sean patentes mentiras, son las que trasmite La Moncloa y donde no dejan de caer bajo la acción de la Justicia dirigentes, colaboradores y funcionarios de un Gobierno que presumía, y no es sarcasmo, de ser el más limpio y transparente de la historia de la democracia española.