«¡Es la economía, estúpido!» fue la célebre frase de James Carville, asesor de Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 impulsó al líder demócrata desde su modesto sillón de gobernador de Arkansas hasta el despacho Oval de la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que seguía volcándose en los éxitos de la política exterior estadounidense como el fin de la Guerra Fría o la Guerra del Golfo Pérsico, olvidándose de los problemas cotidianos y de las necesidades más perentorias de los ciudadanos.
Pues bien, en la actualidad esta exclamación se ha transformado por un llamamiento centrado específicamente en torno a la actividad de los tribunales de justicia y su empleo constante por parte de nuestros políticos. Parecería que hoy en día sólo importan las responsabilidades de relevancia jurídica que se dirimen ante los tribunales. El Partido Popular y el Gobierno han proporcionado un ejemplo más con su personación en la causa abierta a raíz de los graves sucesos en Ceuta por la magistrada de la plaza 3 de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia. Una crisis que llevó al presidente del Gobierno, en su comparecencia del 3 de septiembre en el Congreso, a reprochar al líder de la oposición si los pretendía “enchironar”.
Las consecuencias de esta judicialización de la política las padecemos a diario a través de los medios de comunicación. No hay canal de televisión, emisora de radio, cabecera de periódico impreso o plataforma digital en los que las noticias judiciales y de tribunales no ocupen los titulares de las informaciones y las opiniones. Y es que cosificar todo comportamiento reprochable como delictivo implica trasladar inmediatamente a los tribunales la tarea de investigar, valorar y, en su caso, penalizar tal comportamiento. Es ésta la tarea pública que se ha impuesto, parece que sin remedio, y supone trasladar el conflicto político o social, con sus correspondientes exigencias de responsabilidad, a quienes sólo lo pueden hacer de una determinada manera y con sujeción estricta a los códigos: los jueces y magistrados. Con las consecuencias, por todos conocidas, de que la «natural» lentitud de la justicia termina neutralizando a la política como tal o que algún tosco o inútil ministro increpen a los jueces de “salvapatrias” y “lobos solitarios”.
Al centrarse todo en las responsabilidades jurídicas a ventilarse en los tribunales, se termina vaciando el sentido de la misma actividad política. Al apostar todo a la carta de una condena judicial, como si se renunciara por completo a la exigencia de responsabilidad en cualquier otro ámbito, parecería, como ha advertido Manuel Cruz, que muchos de nuestros representantes políticos creen haber encontrado en el clásico principio jurídico “lo que no está prohibido está permitido” una especie de salvoconducto con el que poder circular por la vida pública sin ser objeto de reproche alguno.
El derecho es lo que dicen los jueces. Pero hoy representa también el esfuerzo de la democracia para dictar la justicia en medio de la pasión justiciera. En un Estado de derecho, la independencia judicial no debería verse como un obstáculo político, pese a ello hay jueces que están siendo señalados por hacer su trabajo a lo que sin duda contribuye esta desaforada inclinación de trasladar todos los conflictos políticos a las sedes de los órganos judiciales. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde exclusivamente a los tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan (artículo 117.3 CE). Entre estas competencias de los tribunales sobresale la que corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para exigir la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno.
Pero, retomando la exclamación que da título a esta tribuna, hay que recordar que en la Constitución están además claramente establecidos los distintos ámbitos de la responsabilidad que corresponde exigir, por ejemplo, al presidente del Gobierno. Se dispone, por tanto, de suficientes herramientas constitucionales para establecer la responsabilidad política o de gestión frente a la responsabilidad criminal por la comisión de supuestos delitos por parte del presidente o de alguno de los miembros del Gobierno. Una responsabilidad criminal que además está establecida en la Constitución, muy significativamente, en el artículo 102 dentro del Título específicamente dedicado a la regulación del Gobierno y la Administración y no en el destinado al Poder Judicial.
La justicia no puede seguir siendo, “estúpido”, el centro de toda la actividad pública, pervirtiendo el sentido de aquellas bellas palabras que pronunció Martin Luther King: “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.
Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y doctor en Derecho Administrativo