El Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares ha declarado improcedente el despido de un trabajador que fue cesado apenas un mes después de ser elegido representante legal de la plantilla. La sentencia considera que los hechos que motivaron su expulsión no revestían la gravedad suficiente para justificar la medida disciplinaria y obliga a la dirección a readmitirlo, con el abono de los salarios dejados de percibir, o a indemnizarlo con más de 25.000 euros.
El empleado trabajaba como responsable de informática y administrador de sistemas en la sede de la organización en Baleares. A finales de septiembre de 2019 fue elegido representante de los trabajadores y, durante ese mismo año, había participado en las negociaciones con la dirección para alcanzar un nuevo convenio colectivo. Sin embargo, poco después de su elección, recibió la apertura de un expediente disciplinario por una supuesta falta muy grave que podía terminar en despido.
La dirección le acusó de vulnerar la normativa de protección de datos al facilitar el acceso al sistema informático a una persona no autorizada. También cuestionó que hubiera permitido a una compañera consultar el registro de huella digital utilizado para controlar la jornada, en un momento en el que esta mantenía un litigio relacionado con sus ausencias y presencias en el centro de trabajo.
El trabajador defendió que la tercera persona a la que había facilitado información era el encargado del mantenimiento de los equipos informáticos de otra sede de la organización, en Ibiza. Según explicó, no había un responsable técnico en esa región y los intercambios de información tenían como finalidad ayudarle a resolver incidencias y realizar correctamente su trabajo. La dirección no consideró suficientes sus explicaciones y acabó comunicándole el despido.
El USB con datos de miles de afiliados y las claves internas
Durante el procedimiento judicial, la organización aportó otro episodio para justificar la gravedad de la conducta. Según su versión, después de recibir la comunicación del despido, el trabajador acudió a recoger sus pertenencias y trató de llevarse un dispositivo USB, aunque un compañero se lo impidió.
Al analizar su contenido, aseguraron haber encontrado información de miles de afiliados, incluidos datos personales, domicilios, teléfonos y cuentas bancarias para domiciliar pagos. También habría claves de cajas fuertes, la firma digital del secretario, contraseñas de acceso a ordenadores, correos electrónicos internos e información sobre movimientos y saldos de cuentas bancarias de responsables de la organización.
El juzgado que examinó inicialmente el caso dio la razón a la dirección y desestimó la demanda del empleado. Sin embargo, el TSJ de Baleares ha revocado esa decisión y considera que los hechos acreditados no justificaban el despido. En particular, la Sala entiende que la información intercambiada con el trabajador de Ibiza no tenía carácter confidencial y que se trataba de cuestiones técnicas menores, como claves de terminales necesarias para acceder a un usuario y solucionar problemas informáticos.
La sentencia establece una diferencia entre utilizar un usuario y una contraseña para iniciar un ordenador y acceder, una vez arrancado, a plataformas, programas de gestión o bases de datos protegidas. Para los magistrados, facilitar el primer acceso no implica necesariamente que la persona pueda consultar información confidencial.
El tribunal considera que no había motivos suficientes para el despido
Con este razonamiento, el TSJ declara improcedente el cese y deja en manos de la dirección la decisión de readmitir al trabajador, abonándole los salarios correspondientes al periodo en que permaneció fuera, o pagarle una indemnización superior a los 25.000 euros.
El abogado del empleado considera que la resolución tiene especial relevancia porque, a su juicio, reconoce que hubo una actuación fraudulenta por parte de la dirección. «Era una persona que lo había dado todo por la plantilla, no podía ser despedido así. Era un claro caso de represalia contra la representación legal de la plantilla», sostiene.
El letrado también subraya la gravedad que, en su opinión, tiene que una situación de estas características se produzca en una organización sindical de ámbito nacional: «Que esto pase en el mayor sindicato nacional es muy grave».