La democracia está en las peores manos

La solemne apertura del Año Judicial, presidida por el Rey, ha sido el penúltimo testimonio de la crisis nacional que atraviesa España, agudizada en esta recta final de la legislatura por un presidente y un gobierno que se conducen fuera de control y a la desesperada. La degradación de la situación de excepción de Ceuta ha dejado en evidencia el calamitoso papel del Ejecutivo en todas las fases de la emergencia, en las que ni fue capaz de prevenir ni de responder ni de mover un dedo, en definitiva. Lo que sí hizo desde el minuto uno de la invasión fue mentir, manipular, abandonar a los ceutíes y al resto de los españoles y cooperar con una nación extranjera hostil por activa o por pasiva. Se lo recordó con la solemnidad y la seriedad que el momento demandaba la presidenta del Tribunal Supremo en presencia del jefe del Estado, el ministro de Justicia y la cúpula de la carrera judicial: «La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos y que, asegure, al mismo tiempo la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento». Tan aleccionador y responsable, tan diferente a la bochornosa apelación de Pedro Sánchez a los ciudadanos de la ciudad autónoma a asumir «una realidad estructural» con miles de inmigrantes que «no son invasores, buscan una vida mejor». Es decir, que no hará nada para expulsarlos, sino que normalizará la violación de nuestra soberanía e integridad nacionales desde Marruecos bajo la excusa del peor humanitarismo. El sanchismo está actuando con idénticas reglas y objetivos que en sus catástrofes anteriores, salvar el poder a cualquier precio y sobre todas las víctimas que sean necesarias. Entre ellas, los servicios de información, especialmente el CNI, desacreditado y vapuleado con la bajeza moral propia del régimen. El daño reputacional y de imagen a un servicio tan crítico como ejemplar como una suerte de venganza por desnudar las mentiras de Moncloa ha sido la enésima ignominia imperdonable. Porque la verdad es que el Ejecutivo recibió hasta 18 avisos previos al asalto y decidió no atenderlos. Respetaremos la instrucción judicial y sus resultados, pero cuesta pensar que tal empeño en colaborar con la invasión desde la autoridad no revista responsabilidad penal. El infierno con que este gobierno ha decidido condenar a los ceutíes no puede quedar impune. Hablamos de actos contra la seguridad nacional. La Justicia hará su trabajo. Lo hará con esa independencia tan peligrosa para todos los que abusan del poder y adulteran el estado de derecho en beneficio propio. Que en la apertura del Año Judicial la presidenta del Supremo reivindicara el trabajo de los magistrados ante las presiones del Ejecutivo demostró que vivimos en una democracia maltratada en manos de personajes autoritarios sin fundamento moral. Nos gobiernan los peores y nada hace pensar que el final será honorable, respetuoso y digno.