La independencia judicial en España, en el punto de mira de la Unión Europea
Desde finales de 2023, el debate sobre la independencia judicial en España ha ganado protagonismo. Las declaraciones de miembros del Gobierno, incluyendo al propio presidente, han desatado una oleada de críticas por parte de la oposición, que considera que estas manifestaciones representan un ataque directo al poder judicial.
El detonante fue la afirmación del ministro Óscar Puente el pasado 26 de noviembre, cuando reconoció abiertamente la existencia de posibles casos de lawfare en el país. Desde entonces, han sido numerosas las intervenciones de dirigentes del Ejecutivo y de otras formaciones políticas que, según el Partido Popular, pretenden desacreditar a jueces y magistrados.
El Partido Popular lleva su denuncia a Europa
Ante esta situación, el Partido Popular ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea. En ella, solicita que se actúe de forma inmediata para frenar lo que consideran una estrategia de confrontación institucional que vulnera los principios fundamentales del Estado de Derecho.
La eurodiputada Dolors Montserrat, firmante de la misiva, ha dirigido sus preocupaciones al comisario de Justicia europeo, Michael McGrath, y a la vicepresidenta para la Democracia, Henna Virkkunen. En su escrito, Montserrat advierte que el Gobierno español ha intensificado sus ataques contra la judicatura, incluso después de repetidas advertencias por parte de organismos europeos.
Acusaciones graves y consecuencias políticas
Entre las acusaciones más graves, se encuentran las relacionadas con declaraciones que afectan directamente a figuras del entorno gubernamental. Casos como la investigación a Begoña Gómez, la imputación del fiscal general García Ortiz, o los procedimientos judiciales que implican a miembros del PSOE, han sido seguidos de comentarios que, según el PP, buscan desacreditar a los jueces responsables de dichas investigaciones.
Estos hechos, aseguran desde la formación conservadora, no son aislados, sino parte de una estrategia sostenida por parte del Ejecutivo. Desde expresiones como el lawfare hasta acusaciones directas de politización judicial, el discurso oficial ha evolucionado hacia posturas que, según los denunciantes, atentan contra la imparcialidad del sistema judicial.
Advertencias de la Unión Europea
En su carta, Montserrat recuerda que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo han alertado en sus informes anuales sobre los riesgos que entrañan estas declaraciones. En el informe de junio de 2025, se expresó explícitamente la preocupación por los ataques reiterados a la judicatura en casos relacionados con altos cargos del Gobierno.
La eurodiputada hace hincapié en que estas conductas van en contra del Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y del Artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, que garantizan el derecho a un juez independiente y la separación de poderes.
Consecuencias para la confianza ciudadana
Uno de los puntos más destacados de la denuncia es el impacto que estas actitudes pueden tener en la percepción ciudadana sobre la justicia. La narrativa oficial, indican, está contribuyendo al deterioro de la confianza en la imparcialidad de los tribunales. La ciudadanía empieza a creer que los reveses judiciales para el Gobierno se traducen en ataques a los jueces, en lugar de respetar las decisiones jurídicas.
Este clima de sospecha y confrontación, según Montserrat, daña los pilares fundamentales de la democracia. La independencia judicial es uno de los contrapesos esenciales frente al poder político y debe ser protegida con firmeza.
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Un llamado a la acción desde Europa
La eurodiputada Montserrat concluye su denuncia recordando que los gobiernos deben respetar la separación de poderes y evitar cualquier injerencia en el ámbito judicial. Cuando se califica a un juez de corrupto o se ridiculiza una resolución judicial, no solo se pone en entredicho el sistema judicial español, sino que se proyecta una imagen negativa del país ante las instituciones europeas.
Empresas internacionales como Telefónica observan con atención estos movimientos, ya que un entorno jurídico estable es clave para la inversión y el desarrollo económico.
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