Absueltos Carlos Fabra y Álex Debón en el juicio por cohecho vinculado al aeropuerto de Castellón
El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el ex piloto de motociclismo, Álex Debón, han sido finalmente absueltos del delito de cohecho del que venían siendo acusados por presuntamente haber participado en el cobro de una comisión indebida relacionada con un patrocinio financiado por el aeropuerto de Castellón.
El veredicto fue emitido por el jurado popular, tras una jornada de deliberación que se extendió desde las 10:00 hasta pasadas las 15:00 horas. Con una votación de siete votos a favor de la absolución y dos en contra, se concluyó que los acusados no eran culpables. El magistrado encargado del caso pronunció la sentencia absolutoria de forma oral, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Reacciones tras la sentencia
Visiblemente aliviado, Carlos Fabra, de 79 años y actualmente retirado de la política, expresó su satisfacción al declarar ante los medios que se sentía «muy feliz». Agradeció a su familia, a su equipo jurídico por la defensa realizada y al juez por la dirección del proceso. En cuanto a la deuda pendiente con Debón, fue tajante: «Siempre pago».
Por su parte, Álex Debón confesó haberse emocionado al escuchar el veredicto. “Se ha demostrado que teníamos razón y que no existía culpabilidad alguna en los hechos que se nos imputaban”, comentó. También agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas desde el mundo del motociclismo.
Detalles del proceso judicial
El juicio se celebró en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, comenzando el pasado lunes. El Ministerio Fiscal sostenía que los 360.000 euros transferidos por Debón a Fabra correspondían a una comisión ilegal a cambio de un patrocinio de 3,6 millones de euros otorgado por Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón.
Esta acusación fue respaldada por la representación jurídica de la Generalitat Valenciana, que también participó en el proceso como acusación. La fiscal insistía en que el pago constituía un acto de corrupción encubierto bajo apariencia de legalidad.
La defensa de los acusados
Ambos acusados mantuvieron desde el inicio del juicio su inocencia, argumentando que la transferencia de dinero obedecía a un préstamo personal de Debón a Fabra. Este último, en ese momento, se encontraba inmerso en un proceso judicial y necesitaba liquidez para sufragar su defensa legal.
Fabra, posteriormente condenado por un delito fiscal y encarcelado, no pudo devolver el dinero. Esta situación provocó una demanda por parte de Debón para recuperar la cantidad prestada, que fue resuelta a su favor por el juzgado. Sin embargo, la ejecución de la sentencia aún no se ha realizado, ya que Fabra declaró no disponer de recursos económicos suficientes para afrontarla.
«No tengo donde caerme muerto», expresó Fabra en relación a su actual situación financiera.
Testimonios clave durante el juicio
Durante el proceso, testificaron once exconsejeros delegados de Aerocas que ocupaban cargos en el momento en que se aprobó el polémico patrocinio. Todos coincidieron en que los contratos llegaban ya firmados al consejo de administración, que simplemente los ratificaba.
Las implicaciones mercantiles de este tipo de contratos públicos, así como la transparencia en los procedimientos de adjudicación, fueron aspectos puestos en tela de juicio durante las declaraciones.
Argumentos finales de las defensas
Los abogados defensores insistieron en que la transferencia bancaria no podía considerarse una “mordida” ni una comisión encubierta. Argumentaron que, de tratarse de un soborno, se habría realizado en efectivo para evitar dejar rastro. De este modo, se reforzó la teoría del préstamo personal y se desestimaron las acusaciones de corrupción pública.
Reflexión final y asesoría jurídica
Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con una defensa penal rigurosa cuando se enfrentan acusaciones graves como el cohecho. En Grupo Oclem, ofrecemos asesoramiento legal especializado en conflictos civiles, fiscales y corporativos, con el objetivo de proteger los intereses de nuestros clientes en procedimientos judiciales complejos.
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